(Pietro Ameglio, publicat a la Jornada-Morelos.) Nos llenamos de indignación al leer la noticia de la condena de 67 años de cárcel a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, acusados de dos “secuestros equiparados”.

Y quedan todavía de la Otra en esta lucha social 25 presos
entre Santiaguito y Texcoco, cientos con procesos penales y varios
prófugos. Irónicamente, pero confiamos que también proféticamente, la
sentencia fue dictada el mismo día que en Cuernavaca se le entregaba al
FPDT y a Ignacio del Valle el XV Premio Nacional de Derechos Humanos
“Don Sergio Méndez Arceo”. Cuesta siquiera imaginar el nivel de
ensañamiento y venganza del actual gobierno, y sus múltiples socios.

Tuvimos
el privilegio de conocer a Nacho, a su familia y a los activistas del
Frente por su solidaridad con nuestro Frente Cívico por la Defensa del
Casino de la Selva desde el 2002, allí construimos acciones y
relaciones de mutuo compañerismo. Ellos han sido pioneros en el México
reciente de la solidaridad real entre movimientos, pues han acudido en
innumerables ocasiones a apoyar luchas sociales legítimas, con
generosidad y valor. Puedo decir que es un hombre honesto, bueno de
corazón, sencillo, generoso, inspirado en valores humanistas de la
mayor altura. Igual diría de los que alcancé a tratar del FPDT. Una
buena foto de la actual situación mexicana es para mí el hecho que una
persona como Nacho reciba una condena así y esté en un penal de alta
seguridad como el Altiplano, junto a reos de elevada peligrosidad
social que no reciben ni un tercio de su sentencia y hacen lo que
quieren. Lo que él y sus compañeros hicieron es nada en comparación a
los que dieron la orden de disparar y a los que mataron a Francisco
Cortés y Alexis Benhumea en Atenco, y a los que violaron a más de 30
mujeres. ¿Dónde están ellos? ¿Alguien los ha identificado o hay alguna,
al menos, averiguación previa contra ellos?

Según la valiente
abogada defensora de estos luchadores sociales, Bárbara Zamora, “Ni
siquiera las víctimas los reconocieron como responsables”; ellos ni
siquiera estaban allí en el momento del supuesto secuestro. Pero más
allá de este inexorable argumento jurídico, está el hecho de que no
puede ignorarse que dentro de un conflicto social se atraviesan muchas
dinámicas de lucha, de ambas partes, mismas que no deben ser
interpretadas sólo penalmente sino que tienen que contextualizarse
dentro de un proceso que incluye con frecuencia omisiones y agresiones
de las dos partes. La historia así lo muestra y nadie debe
escandalizarse, porque esa es la etapa de humanización que todavía
enfrenta nuestra especie. Con esta reflexión no pretendemos justificar
nada, simplemente ahondar en desnudar esta estrategia de los gobiernos
en México, particularmente de los últimos años, donde se busca
convertir a los cuerpos de los activistas sociales, o de cualquiera que
esporádicamente reclame un derecho, en blanco de la represión,
tratándolos como criminales comunes (para ello también está aprobación
de la nueva ley antiterrorista). A sus acciones se aplicará sólo el
filtro del orden jurídico legaloide, casi siempre con pruebas
falsificadas y testigos a modo, sin el contexto del proceso legítimo y
legal de luchar por derechos antes violentados porque, en realidad, los
activistas están permanentemente defendiéndose de previas agresiones
impunes de todo tipo por parte de la autoridad.

Cuál ha sido la
táctica reciente más usada -además de las cíclicas cuotas de muertos- a
gran escala nacional: el arresto masivo aterrorizante e impune, con
todo tipo de violaciones, ilegalidades y vejaciones imaginables.
Hacernos sentir que no valemos nada, que no tenemos ningún poder ante
la autoridad, que a propósito refuerza su poder cometiendo descarada y
visiblemente las arbitrariedades (policiales, militares, judiciales,
políticas). Esta táctica del aterrorizamiento masivo, en diferentes
escalas, es la que permite actualmente a esta etapa capitalista una
expansión nunca antes vista, pues enriquece sobremanera al mejor
instrumento de reproducción capitalista conocido hasta ahora: la
guerra, intrínsecamente necesaria para la perduración y crecimiento de
este modelo económico. Como hemos afirmado otras veces, la gran trampa
que enfrentamos es la construcción desde los poderes de la inseguridad
ciudadana, donde a la población aterrorizada se le sobrepone la idea de
seguridad con la de paz, logrando que en nombre de esa palabra mágica
-seguridad- la sociedad renuncie a siglos de conquistas en sus
derechos. Se detuvo, entonces, la reflexión y dejó su lugar al terror.
Cesan así los aún mínimos derechos humanos que rigen.

El
gobierno, en complicidad con los medios, logró hace un año instalar
masivamente ese aterrorizamiento ciudadano a través de los medios,
tergiversando los hechos originados en el municipio de Texcoco, con una
violación de la autoridad a los derechos de vendedores ambulantes de
flores. Construyeron con mucha precisión la figura del chivo
expiatorio, alguien monstruoso que encarnaba a todos los males sociales
y a quien si se le eliminaba se acababan los problemas. Esa ilusión
infantil, como diría Piaget, instala a la población en un gran
infantilismo social, y representa por tanto un mecanismo letal para la
toma de conciencia ciudadana, permitiendo avanzar a las fuerzas del
orden de forma indiscriminada y violenta. Al dejar de pensar y ver la
población permite cualquier abuso inimaginable, con tal de sentir su
cuerpo y el de los suyos seguro. Por eso el gobierno, y sus aliados,
son ampliamente favorecidos por la violencia y la polarización social
ya que les permite infantilizar más a grandes mayorías, que les
depositan todo su ser con tal que les hagan sentir seguros, aún a costa
de matar, encarcelar o torturar.

Se acaba así de escribir un
capítulo más de esa telenovela que el gobierno nos quiere hacer creer
acerca de su preocupación por nuestra seguridad y bienestar: ya hay
chivo expiatorio y castigo ejemplar, donde se demuestra la decisión y
firmeza de la autoridad, que enseña la validez oficial de la Ley del
Talión y la venganza (Aeropuerto y Otra dixit). La población puede
respirar tranquila, hay quien nos cuide. Para algunos, sólo faltaría
decir: “Aleluya, Gloria a Dios, ya se respeta el estado de derecho en
México. Estamos en paz”.

Pero demos un paso más a fondo en la
reflexión de este hecho tan infame. Este paso tiene que ver con una
característica tan intrínseca a la derecha: la doble moral. Hace
semanas se orquestó en México una campaña muy agresiva, con
descalificaciones de todo tipo, incluso hasta el grado de “excomulgar”
a quienes votaran a favor de la despenalización del aborto en ciertas
circunstancias. Todo se planteó bajo el eje de la “defensa de la vida”.
No estamos en contra del legítimo derecho a debatir y defender
públicamente posturas éticas esenciales, ni mucho menos nos asustan los
llamados a la desobediencia de conciencia, pero sí discrepamos
radicalmente de las formas condenatorias y unilaterales de presentar
los argumentos. Pero, sobre todo, de la doble moral. ¿Cómo atreverse a
llamar a la desobediencia civil y antes haber condenado enérgicamente
cuantas acciones de este tipo igualmente legítimas llevaron a cabo el
zapatismo, la APPO y la resistencia al fraude electoral? ¿De qué
“respeto a la vida” nos pueden hablar seriamente el gobierno, y sus
aliados, si permiten semejante atropello legal y humano a estas
personas del FPDT, y a los otros más de 500 presos políticos y de
conciencia en el país? ¿De qué “respeto a la vida” nos pueden hablar si
dejan impune el asesinato y violación de la anciana nahua Ernestina
Ascensión Rosario atribuyéndolo a causas gastrointesinlaes? ¿De qué
“respeto a la vida” nos pueden hablar si dejan impunes las decenas de
violaciones certificadas por la propia CNDH de hombres y mujeres de la
Otra en Atenco y la APPO en Oaxaca, y los asesinatos de Francisco y
Alexis? ¿De qué “respeto a la vida” nos pueden hablar si financian y
encubren la creación de más grupos paramilitares en Chiapas, bajo la
fachada de la OPDDIC, que roban tierras comunitarias productivas,
ganado y matan indígenas?

Me temo que las autoridades quieran
reforzar -a través de esta desproporcionada militarización y
criminalización de la protesta social- este camino de violación a los
derechos humanos básicos que busca provocar desánimo o un choque
violento contra quien controla “el uso del monopolio legal pero
ilegítimo de la violencia estatal”. Siguiendo con la cita del Dr.
Marín: “el monopolio de la violencia legal en manos de la dictadura
civil o militar de los capitalistas es humanamente ilegítima y fuente
de creciente inhumanidad, por ello la absoluta necesidad de impulsar,
como se expresó en las Conclusiones del XXII Congreso de ALAS en Chile:
la desobediencia debida a toda orden de inhumanidad”. Muchas
autoridades –en franco proceso de debilitamiento aunque parezca lo
contrario- ignoran que a cada vez más mexicanos y mexicanas estas
injusticias nos refuerzan en las energías de continuar luchando
organizada y noviolentamente por una tierra más justa y humana para
todos y todas. Una cobardía como ésta al FPDT nos motiva a redoblar
esfuerzos, porque nuestra lucha se engloba en los procesos de
humanización de nuestra especie.