Notícia publicada en Adital (agència de notícies de América Llatina i Caribe)

Análisis preliminares de la Fundación Myrna Mack apuntan a que en Guatemala se ha instalado un ambiente de terror que tiene, entre otras, las siguientes fuentes: la creciente delincuencia común; las estructuras del crimen organizado y la narcoactividad; la actividad incontrolable de maras/pandillas juveniles; la acción de grupos privados que reprimen con violencia movimientos sociales, particularmente indígenas y campesinos; y la acción de grupos de ciudadanos que, con o sin apoyo de aparatos y/o agentes estatales, se ocupa de eliminar de su entorno social a personas indeseables (limpieza social).

Para la entidad es evidente que en el tema de la seguridad, el gobierno y en general el Estado de Guatemala han fracasado. La administración de justicia sigue dando como resultado más y más impunidad. No hay una política pública de seguridad de la cual se desprendan estrategias de mediano y largo plazo ni planes operativos con carácter integral.

En Guatemala, las tendencias en materia de seguridad están asociadas a la militarización y a la ejecución de esquemas, prácticas, políticas y comportamientos que, en términos generales, se alejan del conjunto de principios propios de la seguridad democrática. Una variante importante en la actual coyuntura del país es el surgimiento de estructuras que desde ámbitos privados, algunas, y otras desde la clandestinidad, han ido sustituyendo paulatinamente la acción estatal.

Tras una década de haber puesto fin al conflicto armado interno y haber iniciado el proceso de recuperación en todos los órdenes de la vida nacional (político, económico, social, institucional, etc.), el país se encuentra inmerso en una espiral de violencia que continúa causando la pérdida de vidas humanas a un ritmo tan acelerado, equivalente al periodo más cruento registrado durante las hostilidades.

Tal es así que del 2000 al 2005 se registraron alrededor de 23 mil muertes violentas y la tendencia sigue en aumento, pues en lo que va del 2006 han sido asesinadas 417 mujeres, 430 niños y niñas y alrededor de 3 mil hombres, con lo que éste se perfila ya como uno de los años con mayor tasa de asesinatos.

Al observar la problemática en su conjunto, poniendo énfasis en las víctimas, en el impacto que ocasionan los hechos de violencia y sus posibles motivaciones, así como en las hipótesis sobre responsables, es factible identificar varios tipos de violencia, que merecen un tratamiento y un abordaje distinto. Entre ellos podemos ubicar: la delincuencia común; pandillas juveniles o maras; crimen organizado; violencia con motivaciones o con impacto de orden político; y los linchamientos, "limpieza social" y ejecuciones;

La violencia específica contra las mujeres es un fenómeno que en los últimos años ha venido en constante aumento. Según hipótesis de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, más del 70% de mujeres víctimas de muertes violentas se vincula a las maras. No obstante, ello no ha sido comprobado, por las deficiencias en materia de investigación que afrontan las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.

Para revertir los índices de violencia que afectan al país, especialmente de asesinatos, se requiere de acciones concretas, de decisiones llenas de voluntad y convicción por parte de las autoridades políticas, en el orden de: impulsar esfuerzos institucionales conjuntos; agilizar el proceso de aprobación de la agenda legislativa de seguridad y justicia que está en discusión; crear el Sistema Nacional de Seguridad; y poner en funcionamiento la DIGICI (Dirección General de Inteligencia Civil).

Además se debe fortalecer, a través de recursos materiales y humanos, de capacitación especializada y de equipo, la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Personal del MP; dotar de recursos humanos, materiales y de equipo, así como de capacitación y especialización, a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP y la División de Investigación Criminal de la PNC; encaminar un proceso sostenido de depuración de la Policía Nacional Civil y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para establecer la responsabilidad directa de agentes policiales en la comisión de delitos y abusos, especialmente asesinatos de mujeres y jóvenes; y crear la CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala).